El nuevo régimen incorpora un enfoque basado en riesgos y refuerza las obligaciones sobre Beneficiario Controlador, Personas Políticamente Expuestas, controles internos, automatización y auditoría.
Implicaciones prácticas. Para quienes realizan Actividades Vulnerables, la reforma exige una revisión integral del modelo de cumplimiento, no sólo ajustes documentales. Será necesario revisar la metodología de evaluación de riesgos, la clasificación y monitoreo de clientes, la identificación del Beneficiario Controlador, el Manual de Políticas Internas, los mecanismos automatizados y los controles de capacitación, auditoría y notificaciones.
00 — Contexto y estrategia
Una implementación escalonada que requiere planeación anticipada
El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, que reforma integralmente las Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre los principales cambios están la incorporación de un enfoque basado en riesgos, nuevas reglas sobre Beneficiario Controlador y Personas Políticamente Expuestas, mayores exigencias de debida diligencia, contenido mínimo obligatorio para el Manual de Políticas Internas y nuevos requisitos de capacitación, automatización y auditoría.
La entrada en vigor será escalonada. La regla general será aplicable a partir del 30 de noviembre de 2026, mientras que diversas obligaciones comenzarán a exigirse durante 2027 y 2028. Por ello, las empresas deberían identificar desde ahora sus brechas de cumplimiento, definir responsables internos y anticipar los ajustes documentales, operativos y tecnológicos necesarios para llegar a cada fecha de implementación.
Resumen ejecutivo
Qué cambia y qué decisión puede requerir
| Qué cambia | Implicación práctica |
|---|---|
| Enfoque basado en riesgos. Quienes realizan Actividades Vulnerables deberán contar con una metodología documentada y clasificar a sus clientes en al menos tres Grados de Riesgo, con revisiones periódicas y alertas sobre desviaciones del Perfil transaccional. | El cumplimiento dejará de descansar únicamente en expedientes y controles uniformes. Las medidas de debida diligencia y monitoreo deberán variar según el nivel de riesgo del cliente. Decisión práctica: Definir o rediseñar la metodología de riesgos, establecer criterios de clasificación y determinar si los sistemas actuales permiten actualizar perfiles y generar alertas antes del 1 de marzo de 2027. |
| Beneficiario Controlador. Se establece un orden de prelación para identificar a la persona física que ejerce el control efectivo, incluido el umbral del 25% y reglas para seguir cadenas de titularidad y control. | Los procedimientos actuales pueden resultar insuficientes cuando existen estructuras corporativas, fideicomisos u otras figuras con varios niveles de propiedad o control. Decisión práctica: Revisar los procedimientos y expedientes de identificación, definir cómo documentar la cadena de control y determinar en qué casos aplican las excepciones previstas en las Reglas. |
| Personas Políticamente Expuestas. Se amplían las reglas aplicables a PEP y se incorpora Consulta PEP 2.0. Las PEP de alto riesgo quedan sujetas a controles reforzados. | La identificación de PEP deberá integrarse al proceso de clasificación de riesgo y ya no operar como una revisión aislada. Determinadas relaciones requerirán mayor información, monitoreo y aprobación interna. Decisión práctica: Definir quién realizará las consultas, cómo se documentarán y qué nivel de aprobación interna será necesario para PEP clasificadas como de alto riesgo. |
| Manual de Políticas Internas, capacitación y personal. El Manual deberá incorporar catorce elementos mínimos y se establecen requisitos específicos de capacitación anual y selección de personal. | Las políticas existentes tendrán que reflejar el nuevo modelo de riesgos y los nuevos controles operativos. La capacitación también deberá cumplir requisitos respecto de contenido, destinatarios y experiencia de quien la imparta. Decisión práctica: Hacer un análisis de brechas del Manual, asignar responsables para su actualización y decidir si la capacitación y los procesos de selección pueden implementarse internamente o requieren apoyo externo. |
| Mecanismos automatizados y auditoría. Se establecen funciones mínimas para los sistemas y un régimen anual de auditoría interna o externa dependiendo del nivel de riesgo. | Algunas empresas pueden necesitar ajustes tecnológicos relevantes antes del 1 de junio de 2027. Además, la clasificación de riesgo determinará si la auditoría podrá hacerse internamente o deberá encargarse a un auditor externo certificado. Decisión práctica: Evaluar desde ahora las capacidades de los sistemas y el nivel de riesgo de la empresa, presupuestar desarrollos tecnológicos y, si corresponde, identificar con anticipación a un auditor externo. |
| Fideicomisos, otras figuras jurídicas y activos virtuales. Se incorporan nuevos requisitos de alta, registro e información. Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán conservar información suficiente para asegurar la trazabilidad de las operaciones. | Las estructuras que operan mediante fideicomisos u otras figuras deberán revisar quién es responsable del registro. Los proveedores de activos virtuales necesitarán procesos capaces de reconstruir el flujo de cada operación y conservar la información durante diez años. Decisión práctica: Validar registros y responsables internos y, para proveedores de activos virtuales, revisar si los sistemas actuales capturan y conservan la información necesaria para trazabilidad. |
| Avisos de 24 horas y notificaciones electrónicas. Los Avisos por sospecha y por hechos o indicios estarán sujetos a un plazo de 24 horas cuando entre en vigor el nuevo régimen, y el Portal deberá revisarse al menos cada día hábil una vez habilitado el sistema de notificaciones. | Los tiempos de reacción internos se reducen significativamente. Una señal de alerta que permanezca varios días en áreas operativas puede impedir presentar oportunamente el Aviso. Asimismo, una notificación electrónica puede surtir efectos aunque no sea abierta. Decisión práctica: Rediseñar los protocolos de escalamiento, definir responsables y suplencias para Avisos y establecer un control diario documentado para la revisión del Portal. |
01 — Enfoque basado en riesgos
Metodología obligatoria de evaluación de riesgos
El Capítulo II Quáter exige a quienes realizan Actividades Vulnerables contar con una metodología para evaluar los riesgos de sus actos u operaciones, clientes o usuarios y canales de distribución. La metodología debe identificar factores vinculados con los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, asignar valores a los indicadores de riesgo y considerar los mitigantes implementados.
Como regla general, deberá utilizar información de al menos doce meses de operación. Si no existe ese historial, podrá implementarse inicialmente con datos proyectados y actualizarse al cumplir los primeros doce meses; para la evaluación inicial exigible desde el 1 de marzo de 2027, podrá utilizarse la información disponible desde el inicio de la Actividad Vulnerable. La metodología deberá actualizarse ante nuevos riesgos o cambios en la Evaluación Nacional de Riesgos y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a contar con resultados de su implementación. La documentación deberá conservarse por al menos diez años.
02 — Clasificación de riesgo y conocimiento del cliente
Grado de Riesgo y Perfil transaccional
Cada cliente o usuario deberá clasificarse en al menos tres Grados de Riesgo: bajo, medio y alto. El modelo debe ser consistente con la metodología del Capítulo II Quáter y considerar características inherentes y transaccionales. La clasificación inicial y sus revisiones deberán efectuarse al menos cada seis meses.
Como mínimo, serán de Grado de Riesgo alto los clientes no residentes en México vinculados con jurisdicciones de riesgo fiscal preferente o con medidas deficientes contra el lavado de dinero, así como las Personas Políticamente Expuestas extranjeras. También deberá existir un sistema de alertas para detectar desviaciones del Perfil transaccional. Los clientes de alto riesgo estarán sujetos a información adicional, cuestionarios sobre el origen y destino de los recursos y monitoreo reforzado; si además son Personas Políticamente Expuestas, se requerirá la aprobación de un directivo o equivalente.
03 — Beneficiario Controlador
Nuevo orden de prelación para su identificación
El Capítulo III Quinquies establece un orden de prelación para identificar al Beneficiario Controlador de clientes que sean personas morales: primero, a quien posea directa o indirectamente el 25% o más del capital social; en su defecto, a quien ejerza control por otros medios relacionados con la estrategia y toma de decisiones; y, finalmente, al funcionario administrativo de mayor jerarquía.
En fideicomisos, el Beneficiario Controlador es la persona física que, en última instancia, ejerza control efectivo sobre los bienes o derechos fideicomitidos mediante facultades para disponer, administrar o dirigir su destino. Puede tratarse, entre otros, del fiduciario, fideicomitente, fideicomisario, protector o miembro del comité técnico u órgano equivalente. Si alguna de estas personas es una persona moral o estructura jurídica, deberá seguirse la cadena de titularidad y control hasta identificar a la persona física que ejerza el control efectivo. La identificación debe documentarse antes de la operación o al establecer la relación de negocios, y la información deberá conservarse durante la relación y por diez años conforme al artículo 18, fracción IV, de la LFPIORPI. Las Reglas contemplan excepciones específicas, incluidos determinados fideicomisos o personas morales que coticen en mercados de valores reconocidos y ciertas personas morales previstas en sus anexos.
04 — Personas Políticamente Expuestas
Definición ampliada y herramienta de consulta
El Capítulo III Quáter amplía y precisa la definición de Persona Políticamente Expuesta. Incluye a jefes de estado o gobierno, funcionarios de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y miembros de partidos políticos y organizaciones internacionales, así como a sus cónyuges, concubinas o concubinarios, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y asociados o socios de personas morales con las que mantengan vínculos patrimoniales. La calidad de Persona Políticamente Expuesta nacional se conserva durante el año siguiente a la conclusión del cargo. Además, si una persona dejó de reunir esas características dentro del año inmediato anterior a una operación, deberá seguir catalogándose como tal durante el año siguiente a dicha operación.
Las Personas Políticamente Expuestas nacionales deberán consultarse mediante la aplicación Consulta PEP 2.0 con Firma Electrónica Avanzada. Las Entidades Financieras podrán solicitar a la UIF la habilitación de acceso conforme a su regulación aplicable.
05 — Manual de Políticas Internas, capacitación y selección de personal
Contenido mínimo obligatorio
El Manual de Políticas Internas debe cubrir, entre otros aspectos, la identificación de clientes, la clasificación de riesgo, las medidas de debida diligencia por Grado de Riesgo, los procedimientos para Personas Políticamente Expuestas, la conservación de información y los procedimientos de auditoría y control interno. Debe estar disponible dentro de los noventa días naturales siguientes al alta y registro.
También se exige un programa anual de capacitación para consejeros, directivos, funcionarios, la persona Representante Encargada de Cumplimiento y empleados que atiendan al público o participen en la identificación de clientes. Quien imparta la capacitación deberá acreditar al menos cinco años de experiencia en prevención de lavado de dinero. Además, deberán existir procedimientos de selección de personal con declaraciones firmadas sobre honorabilidad y antecedentes.
06 — Mecanismos automatizados y auditoría
Sistemas obligatorios y dictamen anual
El Capítulo XIII define las funciones mínimas de los mecanismos automatizados: consulta del expediente de identificación, monitoreo de operaciones frente al Perfil transaccional, ejecución del modelo de riesgos y monitoreo del uso de efectivo y metales preciosos. El Capítulo XIV exige un dictamen anual de auditoría. Podrá ser interno cuando el riesgo sea bajo o medio; deberá ser externo cuando el riesgo sea alto, o cuando la empresa así lo elija. El auditor externo debe cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Contar con título y cédula profesional en derecho, contaduría, finanzas, administración de empresas, informática o áreas afines, y al menos tres años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
- Contar con certificación vigente de la UIF al momento de firmar el dictamen.
- No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales.
- No haber prestado servicios al auditado durante el periodo objeto de auditoría que generen conflicto de interés.
- No haber fungido como Representante Encargado de Cumplimiento del auditado durante el periodo auditado ni en los dos años posteriores.
El auditor deberá entregar el dictamen al auditado a más tardar el último día hábil de marzo. El dictamen debe incluir hallazgos, acciones correctivas y una proyección económica de las multas aplicables si no se atienden. El auditado deberá conservarlo, junto con la documentación soporte, por al menos cinco años y ponerlo a disposición del SAT previo requerimiento.
07 — Fideicomisos, otras figuras jurídicas y activos virtuales
Fideicomisos, otras figuras jurídicas y activos virtuales
El Capítulo II Ter establece un mecanismo específico de alta y registro para quienes actúan mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas. La información de sus integrantes deberá generarse mediante la herramienta correspondiente del Portal en Internet. En las Asociaciones en Participación, el asociante será responsable del alta y registro. Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán proporcionar información adicional sobre accionistas, Beneficiario Controlador, representante legal y plataformas utilizadas. Además, deberán conservar durante diez años información del originante, receptor y, en su caso, Beneficiario Controlador, así como datos suficientes para asegurar la trazabilidad de cada operación, y entregarlos a la UIF o al SAT previo requerimiento.
08 — Avisos: nuevo plazo de 24 horas
Aviso por sospecha y por hechos o indicios
El Aviso por sospecha y el Aviso por hechos o indicios deberán presentarse dentro de las 24 horas siguientes a que quien realiza la Actividad Vulnerable detecte una conducta inusual del cliente o conozca, por fuentes públicas o privadas, hechos vinculados con los delitos previstos en la LFPIORPI. El plazo corre desde la detección, no desde la fecha del acto u operación. El Aviso puede presentarse aunque el acto u operación no alcance el umbral de un Aviso ordinario o no llegue a celebrarse, siempre que existan datos suficientes para identificar al cliente o a quien intentó realizarlo. Por ello, los protocolos internos de escalamiento deberán asegurar que las señales de alerta lleguen oportunamente a la persona responsable de presentar el Aviso. Esta obligación será exigible seis meses después de la entrada en vigor de la Resolución que actualice los formatos oficiales de Avisos e Informes, que a la fecha de este newsletter aún no ha sido publicada.
09 — Vigencia y régimen transitorio
Principales fechas de implementación
| Evento | Fecha |
|---|---|
| Entrada en vigor general. | 30 de noviembre de 2026. |
| Metodología de riesgos. | 1 de marzo de 2027. |
| Manual de Políticas Internas con metodología de riesgos. | 1 de marzo de 2027. |
| Nuevas reglas de clasificación de riesgo, Perfil transaccional y Beneficiario Controlador. | Actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027. |
| Procedimientos de selección de personal para nuevas contrataciones. | 1 de marzo de 2027. |
| Primer periodo de capacitación anual. | 1 de enero al 31 de diciembre de 2027. |
| Primer periodo de auditoría anual. | 1 de enero al 31 de diciembre de 2028. |
| Actualización de información de proveedores de activos virtuales. | Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor general. |
| Consulta de Personas Políticamente Expuestas disponible. | Dentro de los ocho meses siguientes a la entrada en vigor general. |
| Mecanismos automatizados en operación. | A más tardar el 1 de junio de 2027. |
| Aviso por sospecha y por hechos o indicios (24 horas). | Seis meses después de la entrada en vigor de la Resolución que actualice los formatos oficiales de Avisos e Informes. Dicha Resolución aún no se ha publicado. |
| Sistema de notificaciones electrónicas implementado. | Nueve meses después de la entrada en vigor general. |
10 — Prioridades de implementación
Prioridades de implementación
- Definir y documentar la metodología de evaluación de riesgos conforme al Capítulo II Quáter.
- Revisar y, en su caso, ajustar los procedimientos de identificación del Beneficiario Controlador conforme al nuevo orden de prelación.
- Actualizar el Manual de Políticas Internas para incorporar los catorce elementos mínimos exigidos.
- Preparar el programa anual de capacitación y los procedimientos de selección de personal para 2027.
- Evaluar si los mecanismos automatizados actuales cumplen con las funciones mínimas del Capítulo XIII o requieren desarrollo adicional antes de junio de 2027.
- Determinar si el nivel de riesgo exige auditoría externa y, en su caso, identificar y contratar oportunamente al auditor correspondiente.
- Si se prestan servicios de activos virtuales, preparar la actualización de información dentro del plazo de seis meses.
- Definir el control operativo para consultar el Portal en Internet al menos una vez cada día hábil una vez que funcione el sistema de notificaciones electrónicas, considerando que los documentos digitales pendientes de abrir se tendrán por notificados al cuarto día hábil.
¿Necesita evaluar el impacto de las nuevas Reglas en su modelo de cumplimiento?
Jiménez Arana puede apoyar en el diseño e implementación de estas medidas y en la revisión integral del Manual de Políticas Internas frente a los nuevos requisitos. Para cualquier duda sobre el alcance de la reforma o su aplicación a una operación específica, quedamos a sus órdenes.
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