Insights / Prevención de lavado de dinero

Suprema Corte avala la facultad de la UIF para bloquear cuentas de forma preventiva sin orden judicial previa

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La SCJN confirmó la constitucionalidad del esquema que permite a la UIF bloquear cuentas bancarias de manera preventiva sin orden judicial previa.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del esquema que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias de manera preventiva sin orden judicial previa. Con ello, validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y respaldó un modelo en el que el bloqueo puede ejecutarse primero y la defensa del afectado ocurrir después.

En una votación de seis votos a favor y tres en contra, el Pleno sostuvo que el bloqueo de cuentas es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, no una sanción. También confirmó que el procedimiento posterior de audiencia y defensa satisface el marco constitucional y que la participación de las instituciones de crédito en la notificación es únicamente instrumental, sin convertirlas en autoridad.

En términos prácticos, la decisión fortalece la capacidad de la UIF para actuar directamente en casos de origen nacional y reduce el espacio para cuestionar la validez constitucional del bloqueo sin orden judicial. La discusión jurídica y la defensa se desplazan, en mayor medida, al caso concreto y a la etapa posterior a la ejecución de la medida.

Decisión

¿Qué resolvió la SCJN?

  • El bloqueo preventivo de cuentas por autoridades mexicanas es constitucional.
  • El esquema de audiencia y defensa posterior al bloqueo es constitucional.
  • La notificación realizada por las instituciones de crédito también es constitucional, por tratarse de una actuación auxiliar e instrumental.

Un bloqueo puede entonces surtir efectos inmediatos y la capacidad de reacción dependerá de la preparación previa. En este entorno, cobran mayor importancia los controles internos, la documentación de operaciones, los protocolos de respuesta y la estrategia jurídica para enfrentar bloqueos y solicitudes de exclusión de la lista.

Los detalles de la decisión y criterios emitidos por la SCJN se conocerán en cuanto se publique la sentencia correspondiente.

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